Resumen: La Sala estima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Foral por el que se desestimó la reclamación contra los Acuerdos de la Subdirección de Inspección que aprobaron las liquidaciones y sanciones por el IVA de varios ejercicios, se invocaba la nulidad de actuaciones por la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, la iniciación extemporánea del procedimiento de inspección, la prescripción y la incorrecta valoración de la operación vinculada. Y si bien la Sala considera que el interesado franqueó la entrada en las dependencias de la mercantil, lo hizo sin ser consciente de los derechos que le asistían, dado que la administración no le informó debidamente de ellos, pero que las consecuencias de que la diligencia de entrada se practicara sin disponer de la debida autorización y, en consecuencia, vulnerando los derechos constitucionales del interesado no invalida las actuaciones de investigación, que no existe extemporaneidad del procedimiento de comprobación, pero si se aprecia prescripción de varios ejercicios, así como se entiende que la operación realizada debe calificarse como un rendimiento de capital mobiliario de los socios, si bien no esta debidamente valorada, confirmándose la sanción al apreciar la existencia del elemento de la culpabilidad, debiendo corregirse su importe.
Resumen: La resolución recurrida es un acto administrativo que se dicta en el procedimiento de liquidación del canon concesional. La sentencia recuerda como se adjudicó el contrato, las cláusulas relevantes del mismo y concluye que de dichas cláusulas se deriva que el canon concesional, cuya reducción se pretende, constituye uno de los elementos esenciales del contrato, que su importe anual vino determinado por la oferta realizada en su proposición por la entidad adjudicataria, siendo pactado también el sistema de revisión de dicho importe. Del conjunto de las previsiones contractuales y normativas resulta que el canon concesional se pactó de conformidad con la propuesta realizada por la entidad que resultó adjudicataria, siendo también objeto de pacto entre las partes la forma de revisión del importe del canon, con referencia al IPC. De manera que la liquidación del canon por aplicación del IPC del año anterior al importe vigente es el resultado de la correcta aplicación de lo establecido en el contrato y en el PCAP. Se comprueba que la pretensión deducida de reequilibrio económico de la concesión no ha sido planteada en vía administrativa por el cauce procedimental adecuado, y que en materia de compensación por el Covid a las concesionarias el Tribunal supremo ha establecido que la frustración de las expectativas económicas asumidas por el concesionario no le autoriza para librarse de sus obligaciones,
